domingo, 23 de mayo de 2010

El trato a los indígenas. Por S.E. Lugarteniente Cab. Gr. Of.Orden de Caballería del Santo Sepúlcro de Jerusalén Prof. Dr. Isidoro J. RUIZ MORENO

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El trato a los indígenas

Por S.E. Lugarteniente Cab. Gr. Of.Orden de Caballería del Santo Sepúlcro de Jerusalén  Prof. Dr. Isidoro J. RUIZ MORENO,Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Univ. Nac. de Buenos Aires.Académico de Número de las Academias Nacionales de la Historia y de Ciencias Políticas.Profesor Titular en la Facultad de Derecho de la Univ. Nac. de Buenos Aires.Profesor de la Escuela Superior de Guerra
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En el mismo inicio de la organización nacional, la ley suprema proclamó como norma de conducta para los gobiernos "conservar el trato pacífico con los indios". Incluso, para equipararlos en todo a los argentinos, era atribución del Congreso "promover la conversión de ellos al catolicismo" (artículo 67, inciso 15). Si no se cumplió esta prevención estrictamente, fue debido a los incesantes ataques que los indígenas continuaron llevando a cabo contra las propiedades de los estancieros y pobladores que se aventuraban a ampliar los lindes de la civilización sobre la "tierra adentro", refugio de aquéllos.
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No obstante, la indicación fue enunciada una y otra vez por las autoridades. Si imposible resulta mencionar todos los casos en que se recordó tal obligación, basta con aludir a los principales momentos en que se decidió ocupar el desierto para concluir con los enclaves de donde partían los malones para robar, matar y destruir. El basamento de la ofensiva final fue la ley 215 del año 1867, cuando se creyó que la guerra contra el tirano del Paraguay finalizaría en breve y se fijó el límite de la campaña militar a emprenderse en el río Negro. En tal ley se contemplaba conceder a las tribus "todo lo que sea necesario para su existencia fija y pacíficamente". O sea que en lugar de exterminarlas (como lo difunde una versión carente de toda verdad) se procuró asimilarlas a los usos civilizados, sacándolas de la vida primitiva que llevaban.
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Al disponerse el gobierno argentino, bajo la presidencia del doctor Nicolás Avellaneda, a emprender el avance hacia el sur, su ministro de Guerra, el doctor Adolfo Alsina, aludió en su mensaje al Congreso (25 de agosto de 1875) a la necesidad de que "los moradores del desierto" aceptaran "los beneficios que la civilización les ofrece", indicando: "Si se ha de juzgar por lo que sucede con otras tribus que viven sometidas, no es dudoso esperar que el éxito sea satisfactorio". Se deseaba, pues, que desaparecieran enclaves rebeldes a las autoridades nacionales, los cuales fomentaban la prolongación de una lucha nociva al progreso del país, sometiéndolas a las leyes que regían para todos sus habitantes. Insistía Alsina: "Si se consigue que la tribus hoy alzadas se rocen con la civilización que va a buscarlas, si se les cumplen los tratados; en una palabra, si ellas, que sólo aspiran a la satisfacción de las necesidades físicas, palpan la mejora en su modo de vivir puramente material, puede asegurarse que el sometimiento es inevitable".
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Tal la palabra oficial, reflejo del imperativo constitucional y mantenida sin variantes. Claro que las tribus no aceptaron de inmediato la propuesta, enunciada con dosis de ingenua esperanza, y esto hizo proseguir el choque de "cristianos" con "infieles", según denominación de la época. Debe señalarse que no faltaban auxiliares indígenas en las filas del Ejército nacional, ostentando los grados acordados.
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Lo que no se modificó fue el intento de lograr el sometimiento de quienes habitaban el suelo argentino a su ordenamiento jurídico, por medio de entrega de tierras, raciones alimenticias y útiles de labranza, a despecho de la lucha protagonizada por ciertos caciques. El ministro Alsina reiteró: "El plan del Poder Ejecutivo es contra el desierto para poblarlo y no contra los indios para destruirlos". Una de las consecuencias buscadas fue, en efecto, el abandono de sus tolderías por parte del cacique Ramón Cabral (el Platero) y el establecimiento de su tribu en una colonia al sur de Córdoba (octubre de 1877).
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Igual trato merecieron aquellos que resistieron el ofrecimiento del gobierno: cuando se atacó a la tribu de Catriel al rechazarlo, el doctor Alsina recibió en Puan a los cautivos "hambrientos y desnudos", según los describió al presidente Avellaneda, añadiendo compadecido: "Despacho hoy mismo dos comisiones compuestas de los indios prisioneros con cartas para Catriel, haciéndole saber que si se entrega a discreción con el resto de su tribu, el gobierno le garante la vida y le asegura la subsistencia" (14 de noviembre de 1877). El reclamo dio fruto: el 27 de febrero del año siguiente se presentó la tribu en el fortín Mercedes y el propio Juan José Catriel, temible enemigo de los argentinos, lo hizo meses después con el resto de capitanejos y lanceros, quedando en cercanías de Olavarría, donde el mencionado cacique murió pacíficamente alrededor de 1917, a muy avanzada edad.
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¡Dónde queda la acusación de "genocidio" hacia los conquistadores del desierto, lanzada irresponsablemente por una deformación de la verdad histórica, por aquellos que sin basarse en documentos apelan al sentimiento ajeno a los tiempos que se vivieron!
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El mismo trato recibirían los indios cuando, fallecido el doctor Adolfo Alsina en los últimos días del año 1877, ocupó su cargo de ministro de Guerra el general Julio A. Roca y, prosiguiendo la acción señalada por la ley de diez años atrás, culminó la empresa no mucho tiempo después, con la llegada del Ejército nacional a las márgenes del río Negro. La demostración fehaciente de la conducta de las fuerzas militares encargadas de la Conquista del Desierto merece un relato respaldado por advertencias y hechos contundentes, extraídos de publicaciones contemporáneas a ellos. La importancia del tema, frente a ataques injustos lanzados contra quienes duplicaron la extensión del territorio argentino, será motivo de otro artículo.
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