Soberana Compañía de LOYOLA Prensa : Los pasos necesarios para dejar atrás la inseguridad.

Como problema político, la inseguridad debe resolverse con una férrea voluntad política, una decisión que deje de lado los reclamos de grupos minoritarios de ideología abolicionista penal, cuya aplicación es contraria al orden público.

Como problema técnico, asesorándose con técnicos en la materia. En seguridad no se necesitan abogados, médicos o políticos amigos del poder: se necesitan expertos con alta especialización y experiencia en seguridad pública.

Aceptar la creencia consolidada en ámbitos políticos que la injusticia social, el hambre o la falta de oportunidades generan delito, es tomar el camino equivocado. La criminología científica lo estudia desde hace décadas. Sobran los ejemplos de países o regiones ricas con alta delincuencia y viceversa. Por ejemplo, los EE.UU. tuvieron su pico delictual a principios de los 90, en su mejor etapa económica.

Por supuesto que sería ideal ver todas las injusticias sociales erradicadas algún día. Pero quienes estudiamos detenidamente el fenómeno delictual, sabemos que el delito violento, el que más preocupa, no proviene de la pobreza, sino mayormente del narcotráfico y sus derivaciones.

Los criminólogos sabemos que el crimen, hablando en términos generales, es multicausal (con causas biológicas, sociales, geográfico-culturales, etc.). Pero la inseguridad tiene una sola causa: la cantidad de delincuentes en libertad que tiene cada país, provincia o región produciendo esa inseguridad. Este es un concepto básico que el gobernante argentino de las jurisdicciones más afectadas parece no querer aceptar. La tasa de encarcelados de Argentina cada 100.000 habitantes es muy baja comparada con países de similar producción de criminalidad, y aún con la de países vecinos como Chile y Uruguay.

Nuestra situación ya no se arregla con discursos, sino con medidas concretas en los tres actores principales del sistema criminal: sistema policial, judicial penal y penitenciario, partiendo de una legislación criminal acorde a estos tiempos. La política criminal debe prever metas a mediano y largo plazo para evitar el ingreso de actores al sistema penal, como por ejemplo, medidas tendientes al rescate y cuidado de menores en riesgo o los programas educativos con el dictado regular de cursos antidroga en escuelas.

El plan de seguridad debe contener medidas concretas para la solución rápida del problema de la delincuencia urbana, es decir apuntada solamente a separar del seno social a quien permanentemente agrede a sus integrantes. La gente necesita soluciones ya, no a 20 años. Los planes que esporádicamente se muestran en Argentina como exitosos no lo son. Un plan eficiente debe mostrar al menos una baja sostenida en la tasa de criminalidad del 20% anual.

Los pasos de todo plan de seguridad son los siguientes:

* Auditar rápidamente todo el sistema de seguridad para saber realmente cómo estamos a nivel delictual y para producir cambios de reingeniería en la estructura del departamento policial adonde se focaliza el plan de reducción de criminalidad.

*Formar o rediseñar rápidamente una unidad de análisis criminal, para saber adónde y cómo se produce el delito, y con qué elementos técnicos y humanos contamos. De allí surgen las estrategias con las que enfrentaremos el crimen.

En centros urbanos, tal como fueron diseñados por Bill Bratton, quien implementara los programas aquí conocidos como de Tolerancia Cero en New York y Los Ángeles, dichos programas se reúnen en 6 grandes grupos:

1. Narcotráfico: establecida la incidencia del mismo y sus derivaciones en el crimen urbano, se impondría en nuestro país la creación, por parte del nuevo gobierno, de una agencia de lucha contra el crimen organizado (específicamente contra el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, secuestros), a más de reforzar la red sanitaria para desintoxicación de adictos, y ampliarla a las cárceles. Atacar solo la demanda (adictos), o solo la oferta (carteles o bandas criminales) de tóxicos no sirve. Se debe actuar por los dos extremos.

2. Iniciadores de violencia: especialmente debe prestarse atención a la violencia doméstica, en ello el sistema policial-judicial debe ser duro, se debe arrestar al agresor al primer delito -normalmente leve-, no esperando hasta que llega el homicidio o las lesiones graves para hacerlo).

3. Buscados: cuando un fiscal o juez anota la captura de un delincuente, normalmente éste aparece cuando es detenido por un posterior delito. La nueva policía a través de la división buscados debe salir a buscar y detener a estos criminales antes que cometan uno nuevo.

4. Asuntos internos: se forma un escuadrón operativo armado, “policía de policías”, muy distinto de los departamentos de sumarios burocratizados locales. La tolerancia cero debe empezar por casa.

5. Calidad de vida: con leyes de tránsito y contravencionales se recupera la vía publica apropiada ilegítimamente por “limpiavidrios”, “cuida-autos”, ebrios, prostitución callejera, etc. 6. Programas comunitarios especiales: menores en riesgo, antidrogas preventivos en escuelas; policía voluntaria ciudadana, enlaces con comunidades religiosas y/o étnicas, etc.

A la vez, y una vez por todas también deberemos, dado el abolicionismo existente en nuestros tribunales, suministrar a nuestros magistrados herramientas penales y procesales acotadas específicamente en cuanto a excarcelación de imputados de hechos graves, libertad condicional, salidas transitorias de presos e institutos similares. Y también en pensar en reformular, -casi reinventar- el Sistema Penitenciario Argentino, carente de infraestructura, instrucción adecuada y con bolsones de corrupción importantes.