El 10 de diciembre la nueva gobernadora María Eugenia Vidal comenzará a lidiar con los grandes problemas bonaerenses, entre ellos y el más importante, según encuestas, la inseguridad.
Y aquí se encontrará con dos caminos a elegir. El de tratar de corregir los males de la numerosa Policía Provincial, principal encargada de aplicar la ley y pacificar el territorio; y el de terminarlos para dar efectiva solución al ciudadano.
El primer camino es el que todos han transitado y en el que han fracasado, vista la estadística criminal de la provincia. Es el menú de una nueva cúpula policial, un nuevo ordenamiento de la fuerza, nueva capacitación, etcétera. Es un pequeño cambio para que nada importante cambie. La Policía seguirá gobernando el territorio mediante un sistema piramidal de poder —en el que no falta la connivencia con el crimen organizado— y el poder político será tentado —una vez más— por las cuantiosas cajas ilegales recaudadas.
El segundo camino, el que necesitamos los habitantes de la provincia, es el verdadero desafío. Es el quiebre de la verticalidad policial para dar poder horizontal a los buenos policías que sí quieren mejorar la situación y que arriesgan sus vidas a diario mientras ven a sus jefes llevar vidas de millonarios. Este es el camino más difícil, pero el que asegurará el éxito.
El primer paso para lograrlo es la municipalización total de la fuerza. Cada intendente contará con su propia Policía, altamente capacitada, para luchar principalmente contra el delito simple, el que afecta al ciudadano común. También deberá luchar con el complejo, pero aquí sí con el apoyo de una nueva Agencia Provincial contra el Crimen Organizado, de presencia en todos los municipios, formada con el mejor recurso humano que se pueda reclutar y altamente tecnificada. Policía de apoyo y control.
La Policía local actual, independientemente de las quejas por su entrenamiento limitado, es un híbrido que se quedó en el medio, cuasi municipal, pero insertada en la misma dependencia jerárquica piramidal descrita anteriormente y que no la favorece.
Si bien la estadística criminal es escasa y a veces hasta retocada, se sabe que aproximadamente en el territorio bonaerense hay unos diez homicidios cada cien mil personas. Este promedio del total de la provincia nos dice que en el conurbano estamos cerca de los 15. Estos números nos incluyen en el club de los lugares más inseguros del mundo.
Y recordemos que detrás de cada frío punto estadístico en nuestra provincia está la triste equivalencia a 160 personas muertas, 160 familias quebradas, 160 argentinos menos.
Asimismo, la Gobernadora deberá reinventar el vetusto y corrompido servicio penitenciario, construir nuevas unidades capaces de rehabilitar internos para así terminar con los negocios ilegales actuales. Un plan de seguridad que funciona necesita de nuevas cárceles.
Y también, por último, construir un nuevo Poder Judicial, con nuevos jueces y fiscales que se orienten equilibradamente hacia los derechos de las víctimas, inocentes y olvidadas por el abolicionismo penal impuesto desde la nación y desde la misma Procuración General de la Provincia, alineada ideológicamente con la agrupación Justicia Legítima.
En definitiva, veremos, por las medidas que se tomen luego del 10 de diciembre, si la voluntad política del cambio fundamental ha llegado.
La Gobernadora puede pasar a la historia o pasar desapercibida. Todo un desafío.
S.E. Don Martín Etchegoyen Lynch es abogado, Caballero Gran Cruz de la Orden de los Caballeros de Su Santidad el Papa "San Ignacio de Loyola", fué fiscal de San Isidro y es miembro de Usina de Justicia.
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