Con beneplácito tanto en el país como en el mundo fue recibida la decisión del nuevo Gobierno de no apelar el fallo judicial que declaró inconstitucional el Memorándum de entendimiento con Irán por el caso AMIA, lo cual allana el camino hacia su derogación.
Anómalo en su concepción y autoritario en su imposición a la sociedad argentina a través de la ratificación por un Congreso adepto, este acuerdo sin beneficio alguno colocó a nuestro país del lado de los que negocian y ceden sus derechos soberanos ante Estados promotores del terrorismo internacional.
Pero aún más grave que el daño a la imagen internacional de Argentina fue el daño a nuestra sociedad y a las instituciones republicanas de la nación, que tuvo su expresión más trágica con la muerte del fiscal Alberto Nisman el pasado enero.
El interés de Irán por el acuerdo fue tibio desde un principio. Posiblemente se redujo a intentar la remoción de las circulares rojas de Interpol (pedidos de captura internacional) para algunos sospechosos, gente cercana al poder, entre ellos el entonces ministro de Defensa Ahmad Vahidi. Tal remoción nunca sucedió.
Otra hipótesis fue la de la necesidad de Irán de lograr vías amigables para aliviar el régimen de sanciones internacionales por su programa nuclear, por medio de relaciones con países con cierto desarrollo tecnológico como el nuestro. Resultó evidente que la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez, de gran ascendiente en el gobierno k y claro promotor del acuerdo, conspiró en contra de su relevancia y su continuidad.
Irán perdió el escaso interés en el tema una vez que se consolidaron las negociaciones con las grandes potencias por su programa nuclear. El Memorándum nunca fue avalado por el Majlis, parlamento de la República Islámica, por lo cual quedó en el limbo de lo abstracto.
Aún así, el Gobierno saliente intentó sostenerlo en vano desde los argumentos, tratando de equipararlo con dicho acuerdo nuclear con las potencias, que se cerrara en julio de 2015.
Sin embargo, es importante destacar que ambos no tienen punto de comparación. Con el acuerdo citado las principales potencias mundiales, los P5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania) buscaron limitar y retrasar el inminente desarrollo nuclear militar de Teherán, en la evidencia de que su capacidad de producir un arma nuclear era ya un hecho consumado. Se trató entonces de evitar o al menos diferir el mal mayor, un Irán nuclearmente armado.
El Memorándum, en cambio, allana en la práctica el camino a la paralización ad infinitum de la causa AMIA y por ende a la impunidad de los culpables, o sea, el peor de los escenarios posibles para este caso que necesita un cierre.
Los aspectos positivos derivados de esta decisión temprana del Gobierno de Mauricio Macri son muchos y significativos. En el ámbito externo se proyectará una imprescindible imagen de firmeza y rechazo de todas las formas de terrorismo, en un momento en que el terrorismo ha recrudecido en el mundo de una manera sin precedentes con las acciones del Estado Islámico. También servirá para recomponer relaciones con países esenciales para la inserción argentina en el mundo, tal como Estados Unidos y sus aliados.
En el ámbito interno esta acción es fundamental para dar un mensaje a la sociedad en cuanto a que el apego a la Constitución y a los principios republicanos serán de aquí en más las bases para el desarrollo de Argentina.
También servirá como un bálsamo para las heridas de una sociedad golpeada por hechos de una enormidad difícil de superar, como lo fueron el atentado a la AMIA, la impunidad de más de veinte años y la muerte de un fiscal de la república que investigaba al poder.
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Irma Argüello - Presidente de la Fundación NPSGlobal y Miembro de la Red de Líderes de América Latina y el Caribe por el Desarme Nuclear y la No Proliferación.
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