Al ser la
inseguridad la primera preocupación de los argentinos, o al menos la de los que
vivimos en grandes ciudades, los políticos en campaña empiezan a ensayar sobre
las soluciones que prometen. Las mismas van desde las certeras y obvias, como
la lucha contra el narcotráfico hasta la ya trillada seguridad por vía de
“inclusión social” o del mejoramiento de la economía, y lamentablemente, cuanto
más populista el candidato, más frecuente el uso de estos términos.
Pero, ¿es real que una buena economía trae de por sí más seguridad? No
pareciera el caso. En los Estados Unidos lo saben bien, porque cuando la
economía estaba en pleno apogeo, la tasa delictual tocaba su punto máximo
también, en la era previa a la llegada de los planes de seguridad comunitaria de
Bill Bratton, llamados aquí “de Tolerancia Cero”(hasta mitad de los 90).
Múltiples estudios llegan a la conclusión que a mejoramiento de la economía,
ello dejando a las demás variables intactas, la criminalidad también escala por
las nuevas oportunidades que encuentra, sobre todo la del crimen organizado.
¿Esto siginifica que economías pobres son seguras? No necesariamente, riqueza y
seguridad van por andariveles separados, hay países ricos con mucha seguridad y
países pobres también seguros, como por ejemplo Cuba.
Si riqueza y seguridad se unen, ideal, pero no lo aceptemos como regla. Lo que
sí ha sido comprobado en otras latitudes es que la seguridad trae
desarrollo, por ello de que el crimen tiene un alto costo, social y monetario.
La consultora americana Rand hizo un análisis pormenorizado del costo económico
del delito, y llegó a la conclusión que un homicidio costaba alrededor de 5
millones de dolares, no sólo por los costos directos asociados a una muerte,
como gastos médicos, policíacos, de justicia y de lucro cesante del occiso,
sino también por los relacionados a la locación adonde ocurría la muerte
violenta, por cuanto incidía directamente sobre sus inversores, su turismo, su
valor de los inmuebles, etc.
Gran parte de la llamada “Tolerancia Cero” sucedió
debido a las múltiples quejas que el sector productivo de New York manifestaba
al intendente Giuliani. Recordemos otra regla: los delincuentes primarios no
entran al delito solamente por falta de oportunidades económicas sino
por exceso de oportunidades del sector ilìcito, mayormente del
narcotráfico. No hay plan social que valga cuando el negocio narco crece y
ofrece mejores ingresos, sobre todo en sistemas policiales-judiciales de alta
ineficiencia, en los cuales el riesgo de ser detenido por un largo plazo es
casi nulo, como el de nuestro país.
El criminal no teme a las penas que
disponga la ley mientras perciba que no le serán efectivamente aplicadas.
Nuestros gobernantes deberían ocuparse por mejorar la seguridad pública no sólo
por mandato legal y moral, sino además porque ello traerá aparejado desarrollo
sustentable para nuestro país.
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